Presentada al término del último periodo de sesiones en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mandar una propuesta de reforma electoral cuyo corazón busca atender dos exigencias ciudadanas que no han podido ser resueltas en más de tres décadas. Por un lado, pretende mejorar la calidad de la representación política tanto en los Congresos federal y estatales como en los municipios. Por el otro, busca reducir el alto costo de la democracia electoral. El problema es que el remedio planteado para conseguir ambos objetivos, legítimos y necesarios, puede salir mucho peor que la enfermedad.
