La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en la nueva arma del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado mexicano y le ordenara quitar esta figura de su Constitución para adecuarse a la legislación internacional, el Ejecutivo ha redoblado la presión sobre los tribunales.
El Gobierno de López Obrador aumenta la presión sobre la Suprema Corte por la prisión preventiva oficiosa
