La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de ocho meses a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para regresarle el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que por mandato del artículo 21 constitucional le corresponde.
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