El pasado 28 de abril se presentó en la mañanera la propuesta de reforma político-electoral. Se quiere hacer un cambio completo de régimen, nuevas reglas para el acceso al poder, otro sistema de representación y una institucionalidad diferente y precarizada. Una propuesta que tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada por la oposición.
El sistema actual ha sido resultado de múltiples reformas, tiene logros, pero es perfectible. Es cierto que hay un enorme gasto, sobre todo en las fórmulas que nutren las finanzas partidistas, un recurso público que ha crecido de forma permanente desde la reforma de 1996, sin embargo, se gasta mucho más por debajo de la mesa, que el dinero legal. También hay un problema de representación y muy poco aprecio ciudadano por los partidos políticos, quizá porque todos se han encerrado en una burbuja de intereses y complicidades. Es positivo suprimir los tribunales locales que son una simple ventanilla y también es acertado que el financiamiento público se haga para los procesos electorales, siempre y cuando se pueda regular e impedir de mejor forma la entrada de dinero sucio y recursos ilegales. Hay que hacer todo lo necesario para que el dinero no mande en la política y no se rompa la equidad en la contienda.
